El Instituto de Neurociencias y Derecho (INEDE) tiene por objeto establecer un diálogo entre las ciencias jurídicas y las neurociencias cuyos resultados, desde el punto de vista individual, mejorarán la calidad de vida de las personas, y desde la perspectiva social, mejorarán la calidad de las instituciones jurídicas.
El cerebro es la estructura más compleja del universo y el derecho el instrumento más complejo de las relaciones sociales. Las neurociencias se ocupan de analizar cómo está organizado estructural y funcionalmente el cerebro. Las ciencias jurídicas se dedican a examinar cómo funciona la organización normativa de la sociedad, esa suerte de cerebro social. Entender de qué manera los diferentes elementos del cerebro interactúan, originan y condicionan la conducta humana es indispensable para un sistema jurídico cuya misión es, precisamente, regular las conductas de los seres humanos con la misión de asegurar una convivencia social, pacífica y próspera.
El cerebro y las regulaciones jurídico-políticas están íntimamente ligados, pues con el cerebro procesamos la información para una vida en sociedad regida por normas de derecho. Por eso las neurociencias y las ciencias jurídicas cruzan sus caminos y dan a luz un espacio común de saber.
El Instituto canaliza una reflexión conjunta y consensuada entre juristas y neurocientíficos para analizar de modo sistemático y crítico en qué ámbitos y en qué medida los estudios sobre el funcionamiento de los procesos mentales pueden ser utilizados válida y eficazmente para producir innovaciones en el sistema legal. Se trata de un debate que abre múltiples campos de investigación y que trasciende saberes y fronteras, puesto que la discusión sobre cerebro y derecho es necesariamente interdisciplinaria e internacional. La discusión está planteada y no puede ser ignorada.
INEDE opera como una red de investigación y docencia para introducir a abogados, jueces y otros actores del sistema legal en los aportes de las neurociencias que son relevantes para el mundo del derecho. Se persigue reflejar en las doctrinas y prácticas legales el estado actual de la comprensión del funcionamiento de la mente, según los resultados que emergen de la investigación neurocientífica.